El artículo analiza la polémica jurídica y canónica surgida tras la publicación por Religión Confidencial de las cartas intercambiadas entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, sobre el proceso de “resignificación” del Valle de los Caídos. Expertos en derecho público, concordatario y canónico subrayan que la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos tiene personalidad jurídica propia, al estar inscrita como entidad religiosa. Por ello, la comunidad benedictina no puede quedar al margen de un proceso que le afecta directamente. El marco jurídico aplicable incluye el Derecho Canónico, los decretos fundacionales de 1957 y 1958, los acuerdos con la Santa Sede y el derecho internacional. Una de las principales críticas es que la comunidad monástica no ha sido incluida como parte en acuerdos clave, especialmente en el convenio interministerial del 10 de mayo de 2025 relativo al concurso de arquitectura, lo que se considera una omisión grave desde el punto de vista jurídico. Desde el ámbito canónico, se recuerda que el Valle de los Caídos es una abadía exenta, es decir, dependiente directamente del Papa. Por tanto, el arzobispo de Madrid carece de jurisdicción y competencia sobre la comunidad y solo actúa como interlocutor. En consecuencia, se cuestiona la validez jurídica y canónica de su firma, ya que no consta que haya recibido poderes especiales del Papa. También se apunta que el Ministerio de Justicia no sería el órgano competente, al tratarse de una cuestión con implicaciones de derecho internacional. El artículo también señala posibles vulneraciones del derecho fundamental a la libertad religiosa, al no reconocerse expresamente como lugar de culto la cúpula de la basílica en los acuerdos, lo que podría contravenir la Constitución española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los acuerdos entre España y la Santa Sede. El cardenal Cobo ha defendido que su papel ha sido el de facilitador del diálogo y mediador, no el de decisor. Ha afirmado que el protagonismo corresponde al Gobierno y que su intervención buscaba salvaguardar los bienes y signos religiosos, manteniendo el diálogo entre el Estado, la Santa Sede y la comunidad benedictina, a la que ha calificado como “soberana” en su abadía. Finalmente, se indica que los monjes benedictinos han presentado un recurso legal contra el proyecto de resignificación, lo que podría paralizar los planes del Gobierno.